LA AMPLIACIÓN DE “EL PICAL”, CON DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DESFAVORABLE, A PUNTO DE SER AUTORIZADA

La pasividad de La Junta puede ocasionar la autorización
de una actividad que incumple la legislación

La ampliación del parque eólico EL PICAL, tras una larga y compleja tramitación administrativa, culminó con una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable publicada el pasado 7 de abril. Parecía pues definitivamente fracasada, pero una resolución judicial, in extremis, acaba de inyectar un balón de oxígeno al proyecto. 

La empresa CORPORACIÓN EÓLICA DE BARRUELO, S.L., ante la inactividad de la administración, que en año 2006 aún no había resuelto sobre la ampliación del parque eólico, interpuso un recurso de alzada contra la denegación de su solicitud por silencio administrativo, recurso que la Junta de Castilla y León se negó a admitir a trámite.

En esta situación, los promotores acudieron al Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 1 de Palencia, que ahora acaba de dictar Sentencia estimando las pretensiones de la empresa, declarando que la actuación de la Junta no es conforme a Derecho, autorizando a Corporación Eólica CESA, S.L. la construcción de la ampliación del Parque Eólico “El Pical” y declarando su utilidad pública”.

Se da la circunstancia de que es legalmente imposible autorizar unas instalaciones que hayan recibido una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable, por lo que las implicaciones de esta Sentencia son sumamente complicadas.

Entre estas implicaciones, la vulneración de derechos de todos los que presentamos en su día alegaciones a este proyecto, a los que nadie comunicó la presentación de este Contencioso y por tanto se nos ha hurtado la posibilidad de intervenir.

La Junta de Castilla y León, además, está dejando pasar el plazo legal para recurrir la Sentencia y aún no ha formulado recurso, con lo que agravaría aún más la situación: su pasividad puede hacer que se permita una actividad que incumple la legislación vigente.

 Para CCSA, es obvio que hay sectores dentro de la Junta muy favorables a autorizar la ampliación de El Pical y sólo ante las evidencias han tenido que admitir una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable. Nos preguntamos, entonces, si tanta acumulación de errores en la tramitación administrativa, que ha terminado favoreciendo a la empresa, no será deliberada.

 

Esperamos que La Junta ponga todos los medios a su alcance para, aunque tarde, defender la legalidad. Si como consecuencia de sus errores administrativos y pasividad, una actividad que la propia Junta ha declarado contraria a la legislación terminara autorizándose, ¿quién va a asumir la responsabilidad?.