LA JUNTA SIGUE SIN HACER LOS DEBERES EN TEMA DE RESIDUOS INDUSTRIALES

Posted on 17/02/2009

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Después de 10 desde que se publico la Ley de Residuos, la Junta de Castilla y León, sigue sin cumplir la Ley de Residuos y su obligación de designar los lugares de ubicación de Centros de Eliminación de Residuos, como han refrendado diversas sentencias (ver apartado sentencias al final), acudiendo ahora “a un parcheo legal”, a través de un concurso entre empresas.

Durante estos años la Junta ha eludido su responsabilidad, estableciendo una anarquía en Planificación de Residuos Industriales como establece “el art. 5). Según la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, las Comunidades Autónomas deberán elaborar planes autonómicos de residuos, con indicación de los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos”.

Así la Junta no ha actuado como garante de los derechos de los ciudadanos tal y como establece la normativa, sino que sigue dejando que empresas promotoras salpiquen proyectos de Infraestructuras de Residuos aquí y allá, solo en la provincia de Palencia en la última década 17 (sin contar las ubicaciones que puedan derivarse de este concurso, frente a 4 en el resto de provincias de Castilla y León) (Ver pagina «proyectos preocupantes»)

Esta falta de cumplimiento de normativa por parte de la Junta de Castilla y León, ha sido reconocida una y otra vez por numerosas sentencias que han impedido la ubicación de centros de eliminación de residuos o una vez ubicados la imposibilidad de abrir. Sin embargo la Junta, en vez de cumplir su obligación legal, realiza parches de su incumplimiento legal como la creación de una normativa “de Singular Interés” (Ley 9/2002, de 10 de julio, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad) , que hace añicos el cumplimiento de los requisitos mínimos normativos y ahora con la Orden MAM/2180/2008 a través de lo que llamamos “parche legal de concurso de empresas” para salvar su incompetencia.

Otro planteamiento eludido por parte de la Junta de Castilla y León es el no objetivar la necesidad de estas plantas en Castilla y León, es decir cuantos residuos producen las industrias ubicadas en Castilla y León y que falta de infraestructura es necesaria. Con los datos actuales no se puede determinar objetivamente cual es la necesidad de estas infraestructuras, con lo que no se puede responder a que tamaño o capacidad tiene que tener esta planta, y que según el interlocutor puede ser mayor o menor. Pero además, como no hay una planificación de residuos seria, se abre la posibilidad de negociar con residuos de otras regiones y comunidades diferentes que es lo que realmente interesa a las empresas interesadas. Si hace un año la Junta de Castilla y León estimaba las necesidades en 100.000 Tn anuales, actualmente y sin saber como permite con este concurso la realización de infraestructura para 400.000 Tn/anuales, pero igualmente se ignora la tipología, la procedencia y otros aspectos de interés.

La falta de trabajo por parte de la Junta y su irresponsabilidad ha llevado a:

1) Inseguridad legal, al no saber los ciudadanos porque la Junta de Castilla y León, no cumple la normativa, mientras que la administración acumula sentencias en su contra

2) Desafortunados vertederos ilegales de residuos industriales en la provincia de Palencia, siendo los más significativos “Campos de Onecha” en Dueñas, o los vertidos de paval en diferentes puntos.

3) La creación de un verdadero impacto social en los pueblos entre vecinos favorables y detractores de proyectos, sin que seguramente la Junta pueda resarcir nunca a estos ciudadanos enfrentados.

4) Verter en un vertedero como Cevico de la Torre, inicialmente concebido como de basuras y para una pequeña población rural comarcal, todos los residuos industriales de la comarca del Cerrato durante una década, incumpliendo toda normativa sobre la materia, acumulando denuncias y que ahora se intenta salvar in extremís ante la posibilidad de que la Unión Europea emita una sanción ejemplar por esta situación. Por lo que tiene que ser clausurado en breve.

5) Dejar en manos de alcaldes dejarse seducir por los promotores, cuando esta no es una función de la Administración local, ni regional. En los últimos días sale en prensa que una delegación de Tariego visitó unas instalaciones en Cataluña, como que la gestión seria de una empresa se viese en una visita de un par de horas y en una comida, con lo compleja que es la normativa a cumplir y los requisitos que se establecen, más que el aspecto visual exterior, aunque parece que finalmente el Ayuntamiento ha eludido la posibilidad de ubicación en ese emplazamiento.

7) Palencia sin ser muy industrializada, se convierte en una provincia diana de proyectos de eliminación de Residuos Industriales, a través de los proyectos presentados en la provincia relacionados con residuos industriales tanto peligrosos como no peligrosos, ya que además del concurso para los no peligrosos, están ahí los proyectos de Incineradora de Plasma de Carrión, y otras que ya se oyen en Guardo o en la Cementera de Venta de Baños para los residuos industriales peligrosos, lo que afecta al desarrollo económico provincial y la ubicación real de empresas limpias y creadoras de numerosa mano de obra.

Como conclusión, insistimos en que la falta de planificación congruente de la Junta sigue activa poniendo parche, tras parche legal, evadiendo la responsabilidad que le marca la ley que es designar lugares susceptibles, y dejando una vez más a las empresas a través del caramelo “concurso” las que determinen las posibles ubicaciones.

Sentencias
Según la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, las Comunidades Autónomas deberán elaborar planes autonómicos de residuos, con indicación de los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos (art. 5).

Por sentencia número 446 de 18 de marzo de 2004, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el Acuerdo de 7 de noviembre de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2002-2010, entre otros motivos por haber omitido precisamente la determinación de los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos.

Este mismo principio es formulado por sentencia número 194 de 9 de febrero de 2004 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula el Acuerdo de 30 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León 2002-2010, señalando en su fundamento de derecho tercero que “de lo expuesto resulta la obligatoriedad de elaborar planes autonómicos de residuos y la obligatoriedad de que los mismos contengan determinaciones específicas, entre las que se encuentra la relativa a los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos”.

En aplicación de esta jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado por auto de 27 de julio de 2004 suspender el Decreto 65/2004 de la Junta de Castilla y León de 1 de julio de 2004, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la instalación de un Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos en Gomecello (Salamanca). Entendemos que esta línea de actuación judicial sería igualmente la aplicada a la autorización ambiental otorgada a cualquier instalación de eliminación de residuos industriales no amparada por el preceptivo Plan Regional.

Y ello porque es el Plan Autonómico de Residuos Industriales el que debe fijar la naturaleza y localización precisa de las instalaciones que se consideren necesarias para eliminar la fracción de residuos no susceptible de reducción, reutilización o reciclado.

Con posterioridad a ambas sentencias, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, promulgado por Decreto 48/2006, de 13 de julio y publicado en el BOCyL de 18 de julio de 2006. Este Plan se fundamenta en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León, aprobada por Decreto 74/2002, de 30 de mayo, y en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

El citado Plan omite nuevamente la localización de las instalaciones de eliminación de los residuos, y sólo recoge en su apartado 9.2.1 “Infraestructuras” como actuaciones en materia de residuos peligrosos las siguientes:

• Favorecer la implantación de instalaciones de transferencia y acondicionamiento de residuos peligrosos orgánicos adecuados para su valorización energética (planta de preparación de combustible).

• Ampliación de monovertederos de escorias de plomo asociados a las instalaciones de valorización de plomo existentes en Castilla y León, necesarios para garantizar la viabilidad de las mismas.

Es decir, el Plan Autonómico de Residuos Industriales de Castilla y León no prevé ninguna de las instalaciones y carece de soporte legal en la planificación autonomica las instalaciones propuestas

Por el contrario, carecen de soporte legal en la planificación autonómica de residuos las áreas, instalaciones y operaciones de estabilización, tratamiento físico-químico y biológico, secado de lodos y almacenamiento de recipientes móviles (planta de transferencia).

No obstante, por sentencia número 1.225 de 22 de junio de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anula el apartado 9.2.1 “Infraestructuras” y el punto 4 del Anejo V “Necesidades de infraestructuras” del citado Plan Regional, “puesto que no se establecen los lugares e instalaciones para la eliminación de residuos y se difiere, sin embargo, a los instrumentos de planeamiento urbanístico, a las Directrices de Ordenación del Territorio de ámbito regional y a la propia iniciativa particular la determinación de los mismos, […] cuando es claro y ya se dijo en las sentencias de la Sala de 18 de marzo y 9 de febrero de 2004 que es en los planes autonómicos de ámbito sectorial donde se deben establecer esas determinaciones, sin que en modo alguno pueda quedar la ubicación de esas instalaciones a expensas de la iniciativa privada dada la extraordinaria importancia de los aspectos ambientales, sociales y económicos que confluyen en esta materia ”.

En aplicación de esta jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado por auto número 1.210 de 4 de julio de 2007, suspender la ejecutividad de la Orden de 10 de julio de 2006 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a la entidad mercantil Técnicas de Recuperación e Inertización, S.A. (TRECISA) para construir un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en Fresno de la Ribera (Zamora), y asimismo acordó por auto de 27 de julio de 2004 suspender el Decreto 65/2004 de 1 de julio de 2004, por el que se aprueba el Proyecto Regional para la instalación de un Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos en Gomecello (Salamanca), donde se realizaban tareas de valorización. Y ello porque es éste el que debe fijar la naturaleza y localización precisa de las instalaciones que se consideren necesarias para eliminar la fracción de residuos no susceptible de reducción, reutilización o reciclado.