El gobierno lleva la Ley de Meseta Ski al Tribunal Constitucional y suspende su vigencia

Posted on 12/03/2011

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Las Cortes de Castilla y León han vulnerado la legislación básica del Estado sobre la protección de medio ambiente, al recalificar por Ley el uso de un monte incendiado en 1999

Ecologistas en Acción valora muy positivamente el Acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros en su reunión de esta mañana, que supone la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski, por vulneración del el artículo 50 de la Ley de Montes, que obliga a las Comunidades Autónomas a garantizar la restauración de los terrenos incendiados y que prohíbe su urbanización durante treinta años.

El recurso del Presidente del Gobierno se suma así a la cuestión de inconstitucionalidad presentada contra la misma Ley hace un mes por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid, con el apoyo de la Fiscalía, por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del derecho a la ejecución de las sentencias, previsto en el artículo 24.1 de la Constitución, así como el artículo 149.1.23ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica en materia de montes.

El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno suspende automáticamente la ejecución de la Ley, suspensión que debe ser ratificada o levantada por el Tribunal Constitucional en un plazo no superior a cinco meses, por lo que las obras del complejo de ocio continuarán paralizadas previsiblemente hasta la sentencia definitiva, sin que quepan nuevos atajos o tretas legales para procurar su reanudación.

De esta manera, fracasa una vez más el intento de reanudar las obras y poner en funcionamiento el Complejo de Ocio, cuya demolición ordenada judicialmente deberá asimismo aguardar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Meseta Ski.

Ecologistas en Acción agradece al Gobierno y al juez que hayan intervenido en defensa de la legalidad y el medio ambiente, amparando su derecho a la ejecución de las 13 resoluciones judiciales que han declarado la ilegalidad del proyecto, y deplora una vez más la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios de las Cortes regionales.

Los ecologistas consideran gravísimo que todas las autoridades y representantes políticos regionales que han intervenido a favor del proyecto, incluidos los parlamentarios socialistas y leonesistas, hayan sacrificado el principio de legalidad, la división de poderes del Estado y los derechos fundamentales amparados por la Constitución para satisfacer los intereses espurios de unos políticos locales lamentables cuyas ocurrencias han costado hasta la fecha más de 12 millones de euros de todos, dilapidados en un dislate imposible.

La prohibición de recalificar terrenos forestales incendiados es una conquista histórica del movimiento ecologista que de esta manera se ve preservada del ataque de las instituciones de Castilla y León. Éstas deberían explicar su interés por los negocios privados de determinadas empresas constructoras como las promotoras o concesionarias de proyectos como Meseta Ski, la Ciudad del Medio Ambiente (Soria), la estación de esquí de San Glorio (León) o los vertederos de Gomecello (Salamanca), Santovenia de Pisuerga (Valladolid) o Fresno de la Ribera (Zamora), todos aprobados por Ley para pasar por encima de resoluciones judiciales que los declaran ilegales, y en algún caso objeto de investigaciones judiciales por corrupción.

http://www.nodo50.org/ecologistas.valladolid

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