EL TSJ ANULA LA AUTORIZACIÓN AMBIENTAL DE LA INCINERADORA DE CARRIÓN, EN PALENCIA Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Castilla y León se esta entregando al sector de la incineración, dañando la salud, el medio ambiente y la producción agropecuaria regional

Posted on 27/05/2012

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Por sentencia nº 867, de 7 de mayo de 2012, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental otorgada en 2008 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la empresa Valorización de Residuos, S.A. (VARESA), para el proyecto de una incineradora de neumáticos y otros residuos de la industria del automóvil en la localidad de Carrión de los Condes (Palencia).

 VARESA, filial del grupo catalán HERA Holding, que ya intento sin éxito en la década pasada la implantación de un vertedero de residuos industriales en las localidades palentinas de Dueñas, Cevico de la Torre, Palenzuela y Vertavillo, pretendió con este proyecto la incineración de hasta 40.000 toneladas anuales de neumáticos, pinturas, disolventes y taladrinas usadas, filtros de aceite, líquidos de freno o anticongelantes, muchos de ellos clasificados como residuos tóxicos y peligrosos.

 Varesa con el beneplácito del  Ayuntamiento de Carrión de los Condes, que apoyó y favoreció la creación de esta incineradora en el municipio, tuvo abierta una oficina en el municipio donde  se  publicitaba y engañaba a los ciudadanos sobre las bondades de esta instalación, para que no hubiese ninguna cortapisa social.

Mientras que la Junta de Castilla y León lejos de proteger los intereses de los ciudadanos hizo dejadez de sus funciones, autorizando esta instalación pese a las deficiencias técnicas del proyecto y de la documentación, y el riesgo que supondría autorizar una instalación de esta tipología, favoreciendo su tramitación administrativa y autorizando la instalación.

La sentencia considera probado “que la Administración demandada incumplió el deber general -y concreto en materia medioambiental- de promover la participación real y efectiva del público (arts. 9.2 y 105 de la Constitución) no poniendo en su conocimiento la documentación completa, que iba a ser objeto de autorización”. La Consejería de Medio Ambiente omitió el informe preceptivo y vinculante de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre el vertido de las aguas residuales de la incineradora, obvió la necesaria consideración de alternativas en la localización y autorizó finalmente el proyecto a pesar de las numerosas deficiencias detectadas por los propios técnicos de la Junta de Castilla y León.

La sentencia, que puede ser recurrida, impone las costas “por su temeridad” a la Junta de Castilla y León “pues no solo se ha vulnerado el derecho a la participación pública efectiva en el proceso de autorización de que se trata y se ha omitido un trámite preceptivo y vinculante, sino que se ha autorizado una actividad en la que se utilizan sustancias peligrosas cuando después de la propuesta de resolución efectuada por la Comisión Territorial de Prevención Ambiental de Palencia de 21 de diciembre de 2006 existe una copiosa documentación aportada después y un informe técnico que pone de relieve las importantes deficiencias e incoherencias del proyecto presentado, autorizándose sin una nueva propuesta como exige la Ley o al menos con un informe técnico en el que se justificase que se habían subsanado las deficiencias constatadas”.

En opinión de Ecologistas en Acción, ha quedado una vez más en evidencia el nulo respeto de las anteriores autoridades ambientales de Castilla y León por la legislación ambiental y la salud de los ciudadanos. Por ello, reclaman al nuevo Consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, que se desmarque de las prácticas ilegales de sus antecesores en el cargo y reúna con urgencia al Consejo Asesor de Medio Ambiente de Castilla y León para informar la redacción del nuevo Plan Regional de Residuos, garantizando que responda a las prioridades legales en la materia y destierre el caos existente en la gestión de los desechos.

Por otro lado, ante la celebración mañana martes en el Centro de Recursos Ambientales de Valladolid de una Jornada sobre la incineración de residuos en la industria cementera, organizada por la patronal de este sector y patrocinada por la Junta de Castilla y León, Ecologistas en Acción denuncia que el Gobierno autonómico se está entregando en los últimos meses a los intereses del lobby que abandera la incineración de los residuos, a pesar de los daños ambientales y los costes socioeconómicos que ocasiona esta actividad.

En Castilla y León se tramitan en estos momentos dos autorizaciones ambientales para incinerar entre 150.000 y 200.000 toneladas anuales de residuos de todo tipo en las fábricas de cemento de La Robla (León) y Venta de Baños (Palencia), en un momento en que la producción de cemento ha caído a sus niveles mas bajos en medio siglo. En la comarca de Tierra de Campos (Palencia-Valladolid) se tramita también el proyecto de una incineradora de residuos industriales con capacidad para quemar 75.000 toneladas anuales.

Hay que notar que el verano pasado, la Junta de Castilla y León revocó la autorización otorgada a la fabrica de cemento de Toral de los Vados (León) para la incineración de 33.000 toneladas anuales de residuos, en respuesta a las movilizaciones ciudadanas desarrolladas en El Bierzo. No seria de recibo que en la Montaña Central Leonesa, en el Cerrato palentino o en la Tierra de Campos se permitieran actividades que han sido consideradas lesivas en El Bierzo, aunque no hayan movilizado de momento a tantos ciudadanos.

Por ello, los ecologistas han reclamado que se paralice la tramitación de todo proyecto de incineración de residuos hasta que se determine por el nuevo Plan Regional de Residuos si esta actividad tiene o no cabida en Castilla y León, teniendo en cuenta además de la protección de la salud y el medio ambiente la apuesta del Gobierno regional por la producción agropecuaria de calidad, con marchamos como “Tierra de sabor”.

Las incineradoras de residuos son una de las principales fuentes de dioxinas y furanos en Europa, ostentando además la responsabilidad de buena parte de las emisiones de metales pesados y otros contaminantes orgánicos persistentes como los PCB’s o el hexaclorobenceno. Entre los efectos para la salud de estos contaminantes se han documentado distintos tipos de cáncer y trastornos neuronales, reproductivos y hormonales que afectan especialmente a las mujeres y a los embriones durante el embarazo, y que se manifestarán una vez que los niños alcancen la edad adulta.

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