Necesitamos un gran cambio en el transporte

Posted on 24/07/2018

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Ecologistas en Acción apremia al nuevo ministro de fomento a que realice una auditoría independiente sobre nuestro sistema de transporte y a que inicie una nueva planificación de infraestructuras que prime las necesidades reales de la gente y la reducción de impactos ambientales, no los intereses de las grandes constructoras.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, declaró en su primera comparecencia parlamentaria del 12 de julio que no se apartaría de las grandes líneas trazadas por su antecesor. Pues bien, debería hacerlo, tanto de los predecesores populares como de los socialistas, con especial mención a Magdalena Álvarez, una de las peores ministras de Fomento que se recuerdan, con el permiso de su antecesor, Francisco Álvarez-Cascos.

Desde hace décadas la política de infraestructuras de transporte del Gobierno ha sido tremendamente despilfarradora. Nos ha situado como el estado europeo con más kilómetros de autovía o autopista mal mantenidas, más kilómetros de alta velocidad ferroviaria infrautilizados, más aeropuertos deficitarios o sin aviones y más capacidad portuaria ociosa. Y todo ello a un coste económico desmesurado, equiparable a las cantidades que se han recortado en partidas sociales.

Ecologistas en Acción lleva años denunciando esta escandalosa situación y señalando que tiene un motor que cada día resulta más evidente: la corrupción. Si hemos construido por encima de nuestras posibilidades no es por casualidad, es porque se movía mucho dinero y algunas personas se lucraban con ello de manera ilícita. Ahí están, sin ir más lejos, los papeles de Bárcenas, que en su mayor parte se corresponden con –presuntamente– pagos de presidentes de las mayores constructoras al Partido Popular algunas veces en el mismo día que había sido publicado en el BOE la licitación de la obra que se le adjudicaba a su empresa.

Solicitamos al nuevo ministerio de Fomento que cambie esta dinámica perversa. Para ello, en primer lugar es imprescindible la realización de una auditoría sobre nuestra red de grandes infraestructuras, que evalúe las redundancias (autopistas paralelas, aeropuertos próximos sin tráfico, etc.) y se plantee un cierre de las innecesarias así como una adecuación de las existentes a las necesidades reales de la población. Es decir, hay que cambiar la planificación basada en los intereses de las constructoras por una que prime las necesidades reales de movilidad de la población. Se debe poner el énfasis en la mejora de los servicios de transporte, no en la de construir más y más obra pública, que luego hay que mantener aunque no se use.

Entre tanto, debe paralizarse la construcción de nuevas infraestructuras que serán una ruina desde el punto de vista de la rentabilidad socioeconómica, como es el caso de aeropuertos sin vuelos, muchas ampliaciones de puertos sin demanda, líneas AVE infrautilizadas–mientras se deja morir el ferrocarril convencional– o nuevas autopistas sin tráfico. Sin olvidar que los estudios de coste-beneficios que venían justificando hasta ahora estas obras solo pueden calificarse como de tendenciosos y faltos de rigor, como la tozuda realidad muestra una y otra vez.

También es necesario un debate sobre los peajes en las autopistas. El transporte es ahora mismo el sector de nuestra economía que más emisiones de gases de efecto invernadero provoca, un 26 %, y la carretera es responsable de la gran mayoría de las emisiones. Sin nada que ponga coto al uso masivo del coche, y los peajes son una de las posibilidades, la situación no cambiará y no podremos cumplir nuestro compromiso internacional de reducción de emisiones. Ahora la situación es más injusta que un peaje público: el uso del coche se sufraga por toda la población, lo use o no. Además, seguimos construyendo autopistas y otras infraestructuras viarias cuando está más que anunciado el declive de los combustibles fósiles que mueven la mayor parte de nuestro parque móvil.

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