Fomentan el expolio y la despoblación modificando la Ley de urbanismo

Posted on 31/10/2018

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La propuesta del PP en Castilla y León de autorizar las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución Española.

Denunciamos que la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Urbanismo, pretendiendo considerar como usos autorizables las actividades extractivas no energéticas en cualquier suelo rústico con protección (agropecuaria, cultural o natural), da alas a la “burbuja minera”, que junto a la explotación porcina industrial está relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.

Fieles a su tradición depredadora y corrupta, las élites regionales del Partido Popular alientan el expolio de los pueblos de Castilla y León, favoreciendo la apropiación de sus recursos naturales por empresas locales o multinacionales extranjeras interesadas en extraer a bajo coste minerales y rocas industriales.

Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, como sería su deber, sino terminar de vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid o los consorcios internacionales que operan detrás de la reapertura de las minas del Bierzo que motivan la PL, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales. En otros casos como las minas de feldespato de la provincia de Ávila o las innumerables canteras de caliza y pizarra de León, los beneficiarios serían empresas locales vinculadas, en muchos casos, a dirigentes provinciales del Partido Popular.

Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la preconstitucional y muy probablemente también inconstitucional, vigente Ley de Minas que data de 1973, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son el único obstáculo que queda y que por lo tanto pretenden remover. Hay que destacar que la minería supondría una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León ya que apenas deja beneficios en las áreas donde opera, legando a cambio territorios esquilmados con un altísimo impacto ambiental, paisajístico y social.

La Junta de Castilla y León ya fijó su posición sospechosamente favorable a la actividad extractiva en su Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León (2017-2020), aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de agosto de 2017. En relación con el objetivo entonces expresado de “reconfigurar el modelo administrativo de manera que contribuya al logro de mejoras en el ámbito minero”, se explica la modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León ahora pretendida por el Grupo Parlamentario Popular.

Señalamos que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular. Estimamos que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.

En nuestra opinión, el Partido Popular ve en una posible “burbuja” de la minería a cielo abierto, una importante fuente de “mordidas”, ahora que está de capa caída la especulación inmobiliaria, nicho tradicional de las comisiones ilegales. Por ello, junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados combatiremos cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o de quien sea.

Todos estos problemas que ocasiona la minería a cielo abierto los hemos analizado, he intentado subsanar con nuestra “Propuesta de modificación de la Ley estatal de Minas” que hemos hecho pública recientemente, tras presentarla formalmente al actual gobierno y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En esencia, proponemos una norma que sustituya a la preconstitucional y muy probablemente también inconstitucional, vigente Ley de Minas de 1973 y que : a) valore el dominio público como un bien común que no debe quedar al servicio del beneficio privado de especuladores o multinacionales; b) proteja la diversidad y los recursos geológicos como un valor no renovable; c) impida que su extracción pueda producir impactos territoriales, urbanísticos y ambientales; d) tribute en caso de ser autorizado con un impuesto más ajustado a su carácter no renovable y no como otros usos de dominio público renovables; y e) se planifique por las administraciones competentes.

Zona-explotacion-Retortillo

Crater de una mina a cielo abierto para extraer mineral de uranio en Retortillo (Salamanca)

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