El TSJCyL insta a la Junta a elaborar planes de calidad del aire para reducir el ozono

Posted on 06/11/2018

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Por primera vez, un tribunal español obliga a una región a aprobar planes autonómicos de calidad del aire para el ozono, independientemente de la existencia o no de un Plan Nacional.

Por sentencia de 19 de octubre de 2018, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado la obligación de la Administración Autonómica de esta Comunidad de elaborar y aprobar “a la mayor brevedad” los preceptivos Planes de Mejora de la Calidad del Aire para la media docena de zonas donde entre los años 2010 y 2014 se han superado los valores objetivo para la protección de la salud y/o para la protección de la vegetación, establecidos por la normativa europea y española de calidad del aire para el ozono troposférico.

Las zonas donde la Junta de Castilla y León queda obligada por decisión judicial a elaborar los planes de calidad del aire por ozono son Salamanca, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche y Sur y Este de Castilla y León, a las que habría que añadir Valladolid, Soria y Demanda, por incumplimientos en años posteriores, sumando una superficie total de 75.500 kilómetros cuadrados y una población de 1.755.000 habitantes.

El Tribunal entiende que el artículo 16 de la Ley estatal de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera y el artículo 24 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, obligan a las Comunidades Autónomas a adoptar planes de mejora de la calidad del aire pare alcanzar los objetivos de calidad del aire en los plazos fijados, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso del ozono.

La Sentencia declara que la existencia de valores altos de ozono en prácticamente todo el territorio de Castilla y León, de España y del sur de Europa, poniendo de relieve que no se trata de un problema local y regional sino nacional e internacional, “no desvirtúa el carácter imperativo con el que los preceptos citados regulan el deber de actuar de las Administraciones Autonómicas en la elaboración y aprobación de los Planes de mejora de la calidad del aire”.

Los magistrados destacan “que la solicitud de la que dimana el presente recurso se presentó en el año 2016, y que ya en el año 2012, se aprecian zonas en las que se superan los valores objetivos, como se desprende de los informes emitidos por la propia Comunidad Autónoma, sin que transcurridos ya más de seis años […] se haya adoptado Plan alguno”. Se trata por ello de una negligencia que está poniendo en riesgo la salud de buena parte de la población de Castilla y León.

El Tribunal finaliza declarando que “no puede mantenerse, como pretende la Administración demandada, que con carácter previo al desarrollo de los planes regionales sea necesario contar con un plan nacional, pues, como se ha expuesto antes, se trata de instrumentos independientes, aunque, eso sí, con la necesaria interrelación y coherencia entre ambos”. Hay que recordar que el Gobierno español tampoco ha elaborado el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido en 2015, por lo que la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa por inactividad contra el Estado español.

La sentencia, que impone las costas a la Junta de Castilla y León y frente a la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, constituye un precedente judicial que prefigura la solución a la situación de incumplimiento de los estándares legales de calidad de la aire por ozono en diversas zonas de una docena de Comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Valenciano, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco), sumando una población afectada de 18 millones de personas y una superficie afectada de 340.000 kilómetros cuadrados.

En opinión de Ecologistas en Acción, el pronunciamiento del Tribunal de Castilla y León reviste gran importancia porque es la primera vez que un Tribunal español declara la obligación legal de elaborar planes de calidad del aire para el ozono, sobre la base del derecho nacional, siendo coherente así con las resoluciones adoptadas en los últimos años por tribunales nacionales de Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, Reino Unido o República Checa en el mismo sentido, en relación a otros contaminantes como el dióxido de nitrógeno o las partículas.

Asimismo, la organización ambiental recuerda que el Parlamento Europeo mantiene abierto un procedimiento sobre la falta de planes de ozono en el Estado español, tras la sesión de la Comisión de Peticiones celebrada el pasado 9 de octubre en la que se acordó requerir información al Reino de España sobre este incumplimiento legal. Por ello, Ecologistas en Acción reclama una vez más al Ministerio para la Transición Ecológica que elabore el Plan Nacional de Ozono Troposférico comprometido hace años, e inste a las Comunidades Autónomas a que aprueben sus propios planes.

Ecologistas en Acción exige al Consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que no demore más el cumplimiento de sus obligaciones y vele por la salud de la población afectada en Castilla y León, a la que la Junta mantiene desasistida desde hace años con su negligencia. La organización ambiental recuerda que el ozono ocasiona anualmente un centenar de muertes en cinco ciudades de Castilla y León 1, de acuerdo a un reciente estudio del Instituto de Salud Carlos III. Es inaceptable que la Junta deje morir a más gente por contaminación.

Notas:

  1. 9 muertes en Ávila, 17 en León, 20 en Salamanca, 24 en Segovia y 34 en Valladolid. Julio Díaz y otros. “Efecto a corto plazo del ozono troposférico sobre la mortalidad diaria en España”. Instituto de Salud Carlos III. Atmospheric Environment 187 (2018) 107-116.

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