Un juez metido a político que no sabe leer una sentencia

Posted on 31/10/2019

0



La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (10/10/19) sobre un asunto sometido a su consideración, por Finlandia, resulta tremendamente esperanzadora para el futuro del lobo

Lo denunciable es la interpretación torticera emitida por la Junta de Castilla y León a través del consejero Suárez‐Quiñones, quién miente al afirmar que la sentencia supone un aval a su gestión, siendo precisamente todo lo contrario, un varapalo a su caza encubierta y disfrazada.

En primer lugar, la sentencia resuelve la consulta efectuada en el marco de la legislación finesa y en el ámbito de su realidad, donde se consideraba la caza del lobo como ‘necesaria herramienta de gestión’ sobre una especie estrictamente protegida para reducir la incidencia socioeconómica de la especie sobre intereses particulares (perros y ganadería de renos) y como una necesidad para la propia conservación de lobos, basándose en que matar lobos —con autorización— sirve para reducir la caza furtiva. Evidentemente, ese contexto no es extrapolable a España. Pero además, esa Sentencia falla a favor de la protección inequívoca del lobo y determina que es necesario en primer lugar acreditar y justificar un estado de conservación favorable del lobo, y en último caso, excepcionalmente podrían autorizarse medidas de control selectivas y discriminadas para no deteriorar el estado de conservación del lobo.

Pero sí estas distinciones deberían servir para atemperar el análisis, interviene el inefable señor Suárez‐Quiñones, de nuevo consejero con competencias en lo ambiental, tras fracasar reiteradamente en lo que en Castilla y León se denomina ‘gestión del lobo’, con un Plan anulado definitivamente por el Tribunal Supremo (Diciembre de 2018), y con los Aprovechamientos Comarcales Norte Duero 2016‐2019 suspendidos judicialmente, es decir, el responsable político de que no se pueda cazar un lobo legalmente en Castilla y Léon, de lo cual le estamos agradecidos. Este juez en excedencia interviene, decimos, manifestando (16/10/19) que la Sentencia ‘ratifica punto a punto su gestión’, dado que en Castilla y León se da ‘un control excepcional, cuando no hay otro medio, de forma muy determinada, y frente a daños insoportables’, todo lo cual ‘avala lo que estamos haciendo en Castilla y León, con cazadores y ganaderos al Sur del Duero’.

Es difícil mentir más y mejor, porque en Castilla y León las muertes de lobos nunca han sido la excepción, sino más bien la norma, eludiendo cualquier otro medio de restricción no letal de daños, y nunca se han agotado las medidas de prevención, y sobre todo, nunca se ha justificado que las acciones letales sobre los lobos no deterioraran su estado de conservación, actualmente desfavorable, lo cual desacredita la gestión de Suárez‐ Quiñones en los últimos años. Es público y notorio que el espíritu de la Directiva Hábitats no se respeta en Castilla y León.

En segundo lugar, la lectura de la sentencia, que no viene a cambiar nada porque se ajusta a lo ya conocido en la Directiva Habitats, resulta demoledora sobre la acción de la administración finesa. Así (entre paréntesis los apartados de la misma sentencia):

     * Indica que se debe establecer un marco normativo completo y un sistema de protección rigurosa que ha de evitar la captura o el sacrificio deliberado en la naturaleza de lobos, así como la adopción de medidas coherentes y coordinadas de carácter preventivo (27).

     * Manifiesta la incertidumbre acreditada (46) acerca de sí abatir lobos [en debate su autorización] sirve para reducir la caza furtiva …

     * Advierte que no puede concederse una medida excepcional cuando el objetivo  perseguido por tal excepción puede alcanzarse mediante otra solución satisfactoria. Esas excepciones solo pueden existir a falta de una medida alternativa que permita alcanzar el objetivo perseguido de manera satisfactoria (47).

     * Advierte (53) que las decisiones [finesas] no cumplen el requisito de motivación precisa y adecuada sobre la inexistencia de otra solución satisfactoria …

     * Duda (65) de que la actuación finesa cumpla con el mantenimiento de un estado de conservación favorable …

     * Arguye (69) el principio de cautela …., requiriendo al tribunal que evacuó la consulta que verifique sí se contrastó.

     * Y a fin de cuentas (79), afirma que no se desprende que se hayan garantizado el carácter selectivo y limitado de las muertes …

En resumen, la sentencia en sí reafirma los requisitos y limitaciones ya conocidos para intervenir sobre lobos en Europa, y según la Directiva Habitas, se han de cumplir, redundando que no se cumplieron en Finlandia.

Y esos requisitos y limitaciones, tampoco se cumplen en Castilla y León. La Junta de Castilla y León conoce las medidas alternativas al control letal de lobos, pero ni evalúa ni agota soluciones alternativas a dicho control, y además no asegura su estado de conservación favorable, requisito legal mínimo exigido. Por ejemplo, en fechas como el 13 de julio y el 23 de agosto de 2016, la Junta Castilla y León mató a dos lobos en San Miguel de la Ribera, comarca situada al sur del río Duero en Zamora, por supuestos y reiterados ataques a una cabaña ganadera, amparándose en las excepciones contempladas en la Directiva de Hábitats europea. Tras abatir esos dos lobos, la citada explotación volvió a sufrir un nuevo ataque en su ganadería (hecho que acredita la inutilidad de sacrificar lobos para proteger al ganado), y además y para más inri, tras matar dos lobos se procedió a instalar un vallado que protegiera ese establecimiento de los ataques. Evidencia de la práctica de matar antes de prevenir o resolver por otra vía, es decir, que no se contemplan todas las medidas preventivas como opción de gestión en vez de matar lobos.

Es toda ésta la realidad que el Consejero omite deliberadamente en su huida hacia delante, a pesar de citar la Directiva, y es esta Sentencia un portazo definitivo a los desmedidos intentos durante años de implementar en el Sur del Duero el judicializado modelo del norte del río, sometido a sentencias adversas sistemáticas.

Un gobernante no debe mentir, y menos aún, suponer que nadie va a leer una sentencia pública y comprobar sus falacias. Y ese consejero, Juan Carlos Suárez‐Quiñones y Fernández, recordemos que alguna vez fue juez, no debería volver a la toga por el bien común, puesto que si ya en política merece la mofa de sus semejantes y de toda la sociedad por su competencia en el desempeño de un cargo público, su capacitación jurídica queda en entredicho atreviéndose a semejantes lecturas como la de esta Sentencia.

ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico)

Federación de Ecologistas en Acción en Castilla y León

Posted in: Fauna y flora