El Supremo vuelve a poner en su sitio a la Junta de Castilla y León

Posted on 21/02/2020

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Por providencia de 17 de febrero de 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de la Junta de Castilla y León contra la Sentencia de 11 de abril de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), anulando en firme la exención de licencia ambiental concedida hace dos años por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas.

Queda así confirmado que no era posible modificar la ley de Prevención Ambiental de Castilla y León mediante el Decreto 4/2018, de condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.

El Tribunal dictaminó que “la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa”.

De esta manera, “la modificación efectuada excede con mucho lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades”. Llama la atención que esta vulneración de la separación de poderes no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuya examen de legalidad fue inútil.

Los tribunales detienen así la pretensión de desregulación por esta vía de estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia a lxs vecinxs colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Esto significa que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes. A otra escala cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves tampoco podrán ubicarse en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, que era lo que pretendía la Junta.

En la práctica, todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en los dos últimos años mediante una simple comunicación a la Administración deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los perjuicios ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la desregulación confirmada ahora ilegal.

En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de una excelente noticia para el medio ambiente de Castilla y León y de un fracaso más del Consejero del Partido Popular Suárez-Quiñones, incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales.

Es incomprensible que el «nuevo» gobierno autonómico no haya desterrado definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de entender la política. Pide por ello el cese del Consejero Suárez-Quiñones, como paso previo para restablecer las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad, prevención ambiental, respeto al principio de legalidad, protección de la salud, del medio ambiente, los derechos constitucionales a la información, la participación y a la tutela judicial efectiva.

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