Vulneración de varias leyes en la permuta del Monte de Utilidad Pública de Espinosa de Villagonzalo.

Posted on 19/06/2020

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La vulneración de varias leyes tendría que llevar al Servicio Territorial de Medio Ambiente a no permitir la privatización de un bien público como es el Monte “Fuente María”.

La permuta que permitirá la venta de una parte importante del monte catalogado Fuente María para fines industriales contravendrá de manera clara la ley estatal (Ley 43/2003)  y autonómica (Ley 3/2009) de Montes, ya que según se recoge en ambas leyes los montes catalogados son bienes demaniales que integran el dominio público forestal y deben tener por objeto garantizar la conservación, protección, restauración, fomento y aprovechamientos sostenibles de los montes y su gestión debe encaminarse a la reorientación de la conservación, mejora y aprovechamiento de los espacios forestales. Sin duda, el objeto de la permuta queda anulado al no cumplir ninguno de los preceptos que marca la ley.

Según los datos aportados por la propia Junta de Castilla y León la permuta afectará al 13,61% de la superficie total, una parte más que significativa, del monte catalogado. Además el nuevo perímetro contará con muchos más mojones que supondrá una peor definición y dejará una peor situación final para poder gestionar el monte. Sin duda, todo esto pone de manifiesto que se está incumpliendo la Ley de Montes por lo que autorizar la permuta incurrirá en una ilegalidad manifiesta.

Cartel Se Vende

Consideramos que también se vulnera la normativa de permuta recogida en la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas ya que los bienes y derechos del Patrimonio del Estado serán permutados por razones que no quedan debidamente justificadas y perjudicarán el interés público ya que el destino futuro de los terrenos (uso industrial) no puede servir de justificación para alterar la naturaleza demanial del monte, aun cuando se justifique que se gana terreno forestal.

De autorizar esta permuta se estará infringiendo también la Ley 4/2015 del Patrimonio Natural de Castilla y León ya que desde la administración autonómica se estará promoviendo una actuación que incidirá negativamente en el aprovechamiento sostenible de los recursos y no quedará garantizada la conservación del Patrimonio Natural de la comunidad autónoma. Por tanto, la propuesta realizada por el ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo no cumple ninguno de los preceptos exigibles para este tipo de zonas naturales de interés especial ya que no se va a realizar un aprovechamiento sostenible ni se va a conservar ni mejorar el patrimonio natural. El informe de la Sección Forestal no menciona  que el monte en su totalidad está calificado como ASVE (área de singular valor ecológico) por lo que debe garantizarse su conservación como un objetivo prioritario evitando usos o actividades que generen transformaciones en el medio natural o amenacen estos valores.

El Ayuntamiento de Espinosa posee otros bienes inmuebles de naturaleza rústica y de carácter patrimonial en los que perfectamente podría desarrollarse la actividad industrial sin necesidad de desafectar bienes públicos. El propio informe del Servicio Territorial reconoce la trayectoria de intento de desafectaciones y permutas varias que se han llevado a cabo en el monte “Fuente María”, precisamente la parcela elegida para la exclusión vuelve a ser una colindante con la que se intentó descatalogar en el año 1990.

La Junta de Castilla y León no puede ignorar el destino final de los bienes excluidos y debe evitar que el Ayuntamiento de Espinosa de Villagonzalo siga destrozando el monte en el que más del 40% de su superficie es agrícola, con deterioro por aprovechamientos abusivos de la escasa vegetación arbórea. Un uso industrial colindante provocará graves e irreversibles efectos ambientales, es del todo incongruente y carente de toda lógica.

Existe jurisprudencia al respecto de las permutas en montes de utilidad pública que inciden en la necesidad de conservar el bien público y ponen de manifiesto que no es suficiente un informe basado en supuestos y que ha de justificarse de manera adecuada ajustada a la legalidad. Así la sentencia 9205/2012 del Tribunal Supremo y la Sentencia 91/2015  del TSJCyL, están justificadas en base a que no existe interés público y desestiman permutas similares a la de Espinosa de Villagonzalo.

Desde Ecologistas en Acción nos mostramos satisfechos por la cantidad de alegaciones presentadas por los vecinos de la comarca ya que pone de manifiesto la oposición a esta permuta y el fin que persigue, la venta para la instalación de macro-granjas de porcino. Por ello, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León debe tener en cuenta esta oposición y valorar su decisión en base a informes que respeten escrupulosamente la legalidad vigente y dejar de lado los intereses partidistas que en nada benefician el interés general.