Por una moratoria al Plan 5G y sus proyectos piloto

Posted on 25/09/2020

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  • Nos hemos sumado a más de un centenar de organizaciones vecinales, ambientales, sociales y de personas afectadas de todo el territorio, para lanzar públicamente una ciberacción que pide una moratoria al Plan 5G y sus proyectos piloto.
  • Ante el insuficiente nivel de debate político, científico, social, sanitario, ambiental y económico, consideramos prioritario aplicar el principio de precaución con la nueva tecnología 5G y pedimos que los planes de estímulo europeos pos-COVID–19 dejen de introducir la extensión del 5G como condicionante de acceso.

Los planes de estímulo europeos destinados a contribuir a la recuperación económica de los Estados miembros tras la paralización causada por la COVID–19, en particular los 750.000 millones de euros del plan ‘Next Generation EU’, están condicionando su acceso a un proceso de digitalización total de la economía, es decir, a la instalación completa de la red 5G y 6G: “La inteligencia artificial, la ciberseguridad, los datos y la infraestructura de computación en nube, las redes 5G y 6G, los superordenadores, los ordenadores cuánticos y las tecnologías de cadena de bloques”.

Esta apuesta presupuestaria se une a los miles de millones de euros ya invertidos en el despliegue del 5G y en los nuevos proyectos mineros de ‘materiales críticos’ para sus tecnologías asociadas. Pensamos que esta apuesta se está realizando sin un debate político, científico, social, sanitario, ambiental y económico serios, por lo que no se está cumpliendo el principio de precaución.

Tan solo con el programa Horizonte 2020, la UE ha inyectado 700 millones de euros al consorcio público-privado para el 5G (5G PPP), mientras que cientos de proyectos de minería terrestre y en fondos marinos han recibido miles de millones de euros extra. Estos proyectos incluyen componentes de ingeniería social destinados a conseguir la aceptabilidad social de la destrucción e impactos sobre la salud y ecosistemas asociados al extractivismo.

Este proceso, en el ámbito de la UE, está suponiendo una desregularización que se hace evidente para el caso del 5G en el Plan de Acción 5G y el reglamento europeo del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (Electronic Communications Code), que evitará los trámites hasta ahora necesarios para las infraestructuras de telefonía. Las nuevas leyes de fomento de iniciativas empresariales o competitividad, además, socavan los procesos de evaluación de impacto ambiental y las posibilidades de un cuestionamiento democrático de la extensión de esta tecnología.

En nuestro país este despliegue se está desarrollando al margen del Estado de Derecho. En un informe de 17 páginas del Defensor del Pueblo sobre la tecnología 5G no solo se señala que el Plan Nacional 5G no ha pasado el preceptivo Informe Ambiental Estratégico, sino que se denuncia, además, que no ha sido publicado en el BOE y que no se ha completado su información pública, recomendando la aplicación del principio de precaución.

La Agencia Europea del Medio Ambiente, en su informe ‘Lecciones tardías de advertencias tempranas’, también solicitó la aplicación del principio de precaución ante la extensión de las tecnologías inalámbricas (por ‘peligro emergente’). Reivindicaba así la necesidad de estudios y atención previa a todos los factores de riesgo asociados para evitar situaciones de daño social generalizado que se podrían derivar de una regulación tardía o insuficiente.

Seguir haciendo del Plan 5G la condición de acceso a los fondos de reconstrucción pos COVID–19, y atendiendo a la casi imposibilidad para cualquier país de renunciar a ellos, lo que se está viviendo es una imposición de facto de la tecnología 5G. Esto se realiza en un momento en el que el debate político, social, científico, económico y sanitario sobre sus efectos sigue siendo insuficiente.

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