Algunos gobiernos nos condenan a un calentamiento de catastróficas consecuencias

Posted on 09/03/2021

0



  • Según el informe de síntesis de Naciones Unidas, la suma de los compromisos presentados para cumplir el Acuerdo de París supone una reducción de tan solo un 1 % de las emisiones en 2030, lo que implicará asumir un calentamiento global muy superior a los 2 ºC con catastróficas consecuencias.
  • Hacemos un llamamiento al sentido común. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables y deberían ser el centro de la toma de decisiones.

El endeble Acuerdo de París (AP) establece que el único mecanismo para limitar el calentamiento global son los compromisos individuales de los países, comunicados en la forma de un documento conocido como NDCs (compromisos determinados nacionales, por sus siglas en inglés). En este camino de París, todos los países firmantes del acuerdo debían de comunicar antes del 31 de diciembre cuáles eran esos compromisos, una comunicación que solo han hecho a tiempo 75 países que apenas representan el 30 % de las emisiones globales. La suma de estas reducciones de gases de efecto invernadero ha sido evaluada a través de un informe de síntesis recientemente publicado, y que muestra con contundencia lo lejos que está la comunidad internacional de cumplir el objetivo del AP de «limitar el incremento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC y perseguir esfuerzos para mantenerlo en 1,5 ºC».

Por tanto, la insuficiente ambición de algunos países implica la condena a un calentamiento global de consecuencias catastróficas. La falta de voluntad e incapacidad de cumplir con las indicaciones científicas de algunos países vulnera el Acuerdo de París y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que, como la propia comunidad internacional ha manifestado en numerosas ocasiones, no enfrentar la emergencia climática se traducirá en mayores hambrunas, desplazamientos, pérdidas de ecosistemas y de vidas, entre otras muchas consecuencias.

Consideramos inadmisible que, tras más de cinco años desde la adopción del AP, la suma de los compromisos presentados según las propias conclusiones de Naciones Unidas represente tan solo una reducción del 1 % de las emisiones en 2030 respecto a los niveles de 2010. El IPCC ha sido claro en establecer que esa reducción global para el año 2030 deberían ser de al menos el 45 % para tener poco más de la mitad de posibilidades de ser capaces de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC.

En plena tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, hacemos un llamamiento a la responsabilidad de proteger el interés general. La península ibérica es de las más vulnerables al cambio climático. Está en riesgo no solo la rica biodiversidad que tiene la región, sino también elementos identitarios tan importantes como los olivos o las vides. La ley, al igual que los compromisos internacionales, está lejos de la altura de los compromisos climáticos. Solo hace falta comparar cómo se plantea una reducción de sólo el 23 % de las emisiones para 2030 frente al 55 % que sería el mínimo necesario, una de las razones por la que Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermon Oxfam hemos interpuesto un contencioso judicial por la inacción del Estado español en esta lucha climática.

La normativa climática marco llega con más de una década de retraso, un déficit que debería solucionarse inmediatamente. Todavía existe una ventana de oportunidad para hacer un llamamiento al sentido común, a dejar de convertir esta importante pieza legislativa en una nueva batalla política. La emergencia climática y las indicaciones científicas son incontestables, y una respuesta política a la altura debería de saber escuchar y alcanzar un consenso global que garantice las medidas y herramientas necesarias para lograr la descarbonización de la economía antes de 2040. La dilación en la tramitación de la ley, la falta de una participación plena en el establecimiento de objetivos y las concesiones en las enmiendas transaccionales a la rebaja de los escasos compromisos son temeridades demasiado caras que aún se pueden revertir, del mismo modo, sería una imprudencia dejar al impulso empresarial las medidas de transición ecológica necesarias. La falta de medidas de planificación vinculantes a nivel estatal o, aún peor, la actitud cómplice de algunas administraciones públicas regionales a los proyectos más impactantes que se tiñen de verde, son la constatación real de la falta de comprensión sobre la importancia de la emergencia ecológica actual.

La publicación del informe de síntesis es sin duda una mala noticia, que recuerda que, mientras el tiempo para actuar se agota rápidamente, las medidas planteadas son tibias y lentas. Recordamos que para enfrentar la emergencia ecológica no hacen falta palabras que solo benefician el lavado verde de algunas empresas, sino hechos concretos. Es necesario asumir la imposibilidad de seguir manteniendo los consumos energéticos actuales perpetuando un modelo de producción y consumo que nos ha llevado a la situación de emergencia ecológica actual. Señalamos la imposibilidad de permanecer impasibles ante esta negligencia de algunos gobiernos que defrauda enormemente las expectativas creadas tras el acuerdo de París.