Aguas contaminadas en nuestro país

Posted on 27/05/2022

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Aguas sucias, vertidos tóxicos

Las administraciones autonómicas y estatal incumplen,  pero tod@s pagamos las consecuencias de contaminar nuestros ríos con aguas sucias sin depurar, lo que los convierte en ríos tóxicos.

El principio de quien contamina paga no sirve: las administraciones contaminan e incumplen, la sociedad paga

La Comisión Europea anunció el pasado 6 de abril su decisión de llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, la finalidad de la  Directiva de Aguas Residuales Urbanas es la protección del medio ambiente de la contaminación de las aguas residuales de domicilios e industrias. Y obliga a instalar depuradoras que reduzcan la contaminación antes de que se viertan en los ecosistemas acuáticos.

La obligación de depurar parece que no va para todos los ayuntamientos

Esta Directiva obliga a todos los países de la Unión Europea a dotar de depuradoras con tratamiento secundario a todos los núcleos urbanos de más de 2.000 habitantes y a un tratamiento más avanzado a las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes en zonas sensibles.

El tratamiento secundario complementa la eliminación de la materia sólida (tratamiento primario) y consiste en la descomposición de las sustancias orgánicas mediante el uso de bacterias. El tratamiento adicional de las zonas sensibles es un procedimiento más estricto que puede implicar:

  • La desinfección de las aguas sucias para la protección de las aguas de baño o el marisqueo.
  • La eliminación de nitratos y/o fosfatos para proteger las aguas en peligro de eutrofización, como sucede en la catástrofe del Mar Menor.

Más de 516 ayuntamientos de más de 2.000 habitantes no depuran bien sus aguas sucias

La Comisión Europea en 2016 estimaba que un total de 133 aglomeraciones en nuestro país incumplían con la Directiva, en 2020 solicitó formalmente a nuestro Gobierno que acelerase el cumplimiento con lo exigido en la normativa europea e indicó que podría llevar este caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No obstante, el Plan Nacional de Depuración de  14 de julio de 2021 indicaba que más del 25 % de estas poblaciones (516 núcleos urbanos) incumplen lo que establece la Directiva.

Del dicho al hecho: la Unión Europea lleva a nuestro país a los Tribunales

Finalmente, el 6 de abril de este año la Comisión Europea ha decidido llevarnos ante la Justicia Europea. Desconocemos las consecuencias, pero puede desembocar en una multa que pagaran las administraciones autonómicas y estatal, es decir, todos nosotr@s(por duplicado ó triplicado).

Toda la ciudadanía pagaremos con nuestro dinero la falta de depuración de las aguas sucias que además, pone en peligro nuestra salud, la del resto de seres vivos y convierte nuestros ríos en ríos tóxicos.

No será la primera multa, hasta ahora llevamos pagando 63 millones de euros por no depurar

Esta no es la primera multa a la que puede hacer frente nuestro estado por falta de depuración, dado que desde 2018 estamos pagando la mayor multa de la historia impuesta por la Unión Europea a este país. En 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos multó por el incumplimiento de nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes que no depuraban sus aguas sucias.

Las nueve poblaciones incluidas en la sanción son Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas (en el corazón de Doñana), Tarifa, Gijón Este y Valle de Güimar.

La multa más grande de la historia

La sentencia impuso una multa de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso, en la actualidad la multa asciende a 63 millones de euros y sigue subiendo porque siete de las nueve aglomeraciones siguen sin depurar sus vertidos como obliga la Directiva y el Gobierno no prevé que cumplan hasta 2025.

Parece evidente que contaminar no sale gratis para nadie, tarde o temprano lo acabamos pagando tod@s en salud y l@s contribuyentes, además, económicamente.

Exigimos a los responsables de todas las administraciones públicas que protejan nuestra salud, la del resto de seres vivos y paguen de sus bolsillos las multas debidas a su incompetencia.