El pago del crédito solicitado por el Ayuntamiento para hacer frente a la sentencia de la calle Jardines es el legado envenenado que Mario Simón y Alfonso Polanco han dejado para la próxima década a la ciudad de Palencia.
En el Pleno municipal celebrado la semana pasada el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia fue allanando el terreno para avisar de lo que irremediablemente será una subida de impuestos para el próximo ejercicio fiscal justificando tal medida por una falta evidente de ingresos, heredada de la nefasta gestión medio ambiental y urbanística municipal que en los últimos cuatro años hicieron Ciudadanos y Partido Popular, y de un notable aumento del gasto motivado por el pago del crédito firmado para hacer frente a la sentencia de la calle Jardines, firma que fue apoyada por la mayoría de los grupos municipales del consistorio, excepto por Ganemos Palencia y una abstención, a sabiendas que ese crédito supondría un lastre para el desarrollo de la ciudad, pero como siempre suele ocurrir en estos casos, los intereses de los partidos están por encima del interés general.
En la anterior legislatura, Ecologistas en Acción, dentro de su trabajo en el ámbito del Urbanismo, denunció el desmantelamiento a que fue sometido el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, sin renovación de plantilla y haciendo contrataciones de libre designación siempre con algún tipo de afinidad, bien para sacar adelante proyectos controvertidos que necesitaban de un trato amable para ser aprobados como el PERI5, bien para presuntamente dejar de perseguir y sancionar infracciones que pudieran suponer ingresos para las arcas municipales, todo un despropósito de gestión urbanística, la única competencia exclusiva con la que cuentan los ayuntamientos.
Va a ser en 2025 cuando se empezará a notar en los bolsillos de las palentinas y los palentinos lo que supone haber firmado un crédito de cerca de 27 millones de euros para pagar a la Diputación Provincial un dinero que ha servido para que unos cuantos ayuntamientos de la provincia hayan aprovechado para realizar operaciones que nada tienen que ver con el fin último para lo que tendría que haber servido.
La asociación ecologista advirtió y sigue advirtiendo que esta operación para satisfacer el pago a la Diputación Provincial incumple varios artículos de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León ya que tanto Ayuntamiento como Diputación están obligados a gestionar su propio Patrimonio Público de Suelo, con la finalidad de facilitar la ejecución del planeamiento urbanístico, obtener reservas de suelo, contribuir a la regulación del mercado inmobiliario y además estos bienes deben constituir un patrimonio separado de los restantes bienes municipales y provinciales.
Pero no solo se ha incumplido la Ley de Urbanismo de CyL, también se ha pasado por encima del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, Decreto 22/2004, ya que ambas administraciones no tienen documentada contablemente de forma expresa y diferenciada los bienes integrantes del patrimonio, su movimiento patrimonial, sus enajenaciones y su destino final.
El conflicto de la calle Jardines, parcela propiedad del Ayuntamiento de Palencia, actualmente, hay que enmarcarla por tanto dentro del Patrimonio Municipal del Suelo, por ello, la deuda generada se debe contabilizar en el debe del Ayuntamiento y en el haber de la Diputación en su Patrimonio Provincial de Suelo, pero siempre teniendo en cuenta que los patrimonios públicos de suelo son instrumentos de intervención administrativa en el mercado inmobiliario que tienen por objeto la regulación del mercado de suelo y del mercado inmobiliario con la finalidad de favorecer el cumplimiento del derecho constitucional de las personas a disponer de una vivienda digna, adecuada y asequible y esto se consigue con la construcción de vivienda pública y puesta a disposición de suelo público en condiciones económicas más ventajosas que las del mercado, cosa que no ha ocurrido en este caso.
Tal y como se solventó el problema de la calle Jardines, lejos de cumplir el objeto social de la regulación del mercado de suelo y del mercado inmobiliario, lo que provocó fue la generación de una deuda a los palentinos de la capital que deberán abonar vía impuestos (cuando mediante la gestión racional del patrimonio de suelo es inadmisible que genere deuda a los contribuyentes) en beneficio de intereses espurios de particulares en localidades de la provincia mediante una subvención presuntamente ilegítima de la Diputación Provincial. El fin último de los Patrimonios Públicos de Suelo es la generación de vivienda pública. Con estos casi 27 millones de euros no se ha generado ni una sola vivienda pública en toda la provincia.
Ecologistas Palencia 
Posted on 26/06/2024
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