Rechazo a la Proposición de Ley del PP para minas a cielo abierto en suelo protegido

Posted on 11/12/2018

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  • Mañana miércoles 12 de diciembre se llevará al Pleno de las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley (PL) que persigue hacer autorizables las actividades extractivas en cualquier suelo rústico con protección.
  • Ecologistas en Acción pide al resto de grupos parlamentarios que rechacen esta propuesta, ya que abre la puerta al expolio del territorio, vulnera la ley estatal de suelo y el artículo 45 de la Constitución.

Denunciamos que la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Urbanismo, pretendiendo considerar como usos autorizables las actividades extractivas no energéticas en cualquier suelo rústico con protección (agropecuaria, cultural o natural), da alas a la “burbuja minera”, que junto a la explotación porcina industrial está relevando a la especulación inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.

Fieles a su tradición depredadora y corrupta, las élites regionales del Partido Popular alientan el expolio de los pueblos de Castilla y León, favoreciendo la apropiación de sus recursos naturales por empresas locales o multinacionales extranjeras interesadas en extraer a bajo coste minerales y rocas industriales.

Con ello, el PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, como sería su deber, sino terminar de vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid o los consorcios internacionales que operan detrás de la reapertura de las minas del Bierzo que motivan la PL, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales. En otros casos como las minas de feldespato de la provincia de Ávila o las innumerables canteras de caliza y pizarra de León, los beneficiarios serían empresas locales vinculadas, en muchos casos, a dirigentes provinciales del Partido Popular.

Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la preconstitucional y muy probablemente también inconstitucional, vigente Ley de Minas que data de 1973, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son el único obstáculo que queda y que por lo tanto pretenden remover. Hay que destacar que la minería supondría una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León ya que apenas deja beneficios en las áreas donde opera, legando a cambio territorios esquilmados con un altísimo impacto ambiental, paisajístico y social.

Señalamos que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular. Estimamos que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.

En nuestra opinión, el Partido Popular ve en una posible “burbuja” de la minería a cielo abierto, una importante fuente de “mordidas”, ahora que está de capa caída la especulación inmobiliaria, nicho tradicional de las comisiones ilegales. Por ello, junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados combatiremos cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o de quien sea.